El senador Miguel López Perito habló con periodistas de diversos medios de comunicación acerca los alcances de lo que se trató en la reunión de la Comisión Especial que atiende el caso EBY, refiriéndose en primer lugar al punto seis de las conclusiones del documento entregado por los técnicos y especialistas, como un pronunciamiento de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

 

Al respecto, el legislador resaltó que el documento especifica que cualquier modificación del Tratado, como es pretendida por el Acta de Entendimiento -se entiende firmada entre Cartes y Macri- es constitucionalmente inaplicable y más aún si se basa en la Nota Reversal del ’92, que fue rechazada por el Congreso paraguayo. Eso figura en la Resolución Nº 492, que rechaza la nota reversal relativo a la tarifa y el financiamiento de Yacyretá del 9 de enero de 1992, dictada por la Honorable Cámara de Senadores.

 

“El Congreso no puede avalar; rechazó la nota reversal de 92 por ser contraria a los intereses paraguayos y hoy el director de EBY y el presidente Cartes usan la nota reversal del 92 una vez más para fundamentar esta Acta de Entendimiento, y van contra la Constitución. Van a cometer un delito si es que en este momento lanzan la licitación del Aña Cuá, modificando lo que dice el tratado de Yacyretá, ilegal e inconstitucionalmente porque esa modificación es atribución del Congreso”, aclaró.

 

Respecto a qué repercusión política puede tener el llamado a licitación, López Perito fue tajante. “Van a ir presos, los que no vayan con el mameluco naranjado a Estados Unidos, van a presos acá porque están violando la Ley, están violando la Constitución, están cometiendo un delito y están atracando los intereses paraguayos en Yacyretá”, dijo.

 

Añadió que es muy grave lo que está ocurriendo en este momento y que la ciudadanía no está calibrando la gravedad de esta licitación, presentada como la oportunidad de crear miles de puestos de trabajo y una gran inversión, pero “este es un negociado entre Cartes y Macri, avalado por el director de la EBY para violar la Constitución”.

 

Advirtió que con estos acuerdos, Paraguay va estar pagando todo lo que la Argentina no pagó anteriormente, incluyendo territorio inundado. Los técnicos dicen que todo esto es inaplicable es peligroso porque no se invirtió en la presa de compensación, “pero acá lo que hay es un negociado y mucha gente dice que ese negociado puede alcanzar hasta 15 mil millones de dólares con las obras que van a ir haciendo empezando por la licitación de Aña Cuá”, significó.

 

Consultado qué se puede hacer desde el Congreso, el legislador dijo que pedirán a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la pertinencia o el carácter de la nota reversal del 92. “Vamos a solicitar la Corte Suprema de Justicia, en virtud de sus atribuciones de intérprete y custodio de la CN, que se pronuncie sobre la inaplicabilidad de la nota reversal del 92 en razón del incumplimiento de los requisito establecidos en el artículo 141 de la CN”, refirió.

 

Basados en el documento que entregaron los técnicos a los miembros de la Comisión Especial que estudian y da seguimiento al tema EBY, se tendrá en cuenta el contenido al referirse como ilegal e  inconveniente lo referente a la maquinización del Aña Cuá. “Nuestra Comisión se va estar pronunciando al respecto. Lo que haga el Ejecutivo por fuera de sus atribuciones constitucionales constituye un delito; eso quiero que quede muy claro que es lo que van hacer con la maquinización de Aña Cuá”, remarcó.