¿Es prioridad para el Paraguay invertir U$S 300 millones en 135 Mw de potencia? se preguntó el senador Miguel López Perito durante una presentación que hizo durante la sesión ordinaria de la fecha. El documento, al que llamó “La segunda Aña Cuá”, se propuso como objetivo vincular a este debate lo que ocurrió en el año 2006, de manera que la ciudadanía pueda entender qué es lo que está en juego, qué intereses están en juego y quiénes son los personajes de esta historia.

Con ayuda de la sala técnica, el legislador ofreció a sus colegas una presentación con datos técnicos precisos y claros que demuestran que el Paraguay dispone hoy con Itaipú, Yacyretá y Acaray un total de 8.550 megavatios de potencia y que el consumo actual de nuestro país es de 3.500 megavatios, lo que proporciona un restante de 5.5550 megavatios.

“Entonces uno se pregunta por qué el interés en generar más potencia, cuando lo que en realidad lo que hay que hacer es ver cómo usar esta potencia que Paraguay tiene disponible. Se necesita nada más que instalar los canales de transmisión desde las centrales hasta los puntos estratégicos de distribución”, dijo.

Los cálculos indican que el crecimiento de la demanda energética es de 9 % año = 300 Mw/año hasta el 2028 lo que permitiría que con el tiempo se puedan implementar proyectos que aumenten la capacidad de potencia instalada en Paraguay.

Ante esta situación, se analiza el caso de Aña Cuá, que representa solamente el 1,5% de la potencia  instalada que tiene el Paraguay y surge la interrogante de ¿por qué esa insistencia y tanto barullo con el tema de Aña Cuá?

Costos

El Senador refirió que si se dividieran 300 millones de dólares –lo que va costar solamente la construcción de la sala de máquinas- teniendo en cuenta que ya la presa, el embalse y las otras obras ya están, eso refleja un costo de 2.222 dólares el megavatio.

Sin embargo, agregó, si se dividiera la producción de megavatios como divisor del costo 300 millones de dólares le puse un comparativo que es Itaipú (una represa completa), que implicó el embalse, la casa de máquinas, el vertedero, obras complementarias, etc.  está nada más que 2.500 el megavatio si se divide la producción en potencia.

“Entonces uno se pregunta por qué es tan alto el costo de Aña Cuá y por qué la insistencia en generar más potencia instalada en vez de usar el dinero en transmisión de la potencia que ya tenemos”, refirió.

Antecedentes – Año 2006

En este punto, señaló que para entender este problema tenemos que remitirnos al año 2006 donde se produjo esta misma discusión y donde aparece la empresa conocida como Pescarmona. En aquel entonces, añadió, una adjudicación fue otorgada a Pescarmona para la construcción del Aña Cuá como un iniciador privado; figura de un iniciador privado cuando que en realidad ese proyecto era un proyecto pagado por la EBY a un grupo de consultores que hicieron el proyecto de Aña Cuá. Pescarmona se apropió del proyecto y lo presentó como propio para ser un iniciador privado de la construcción de la construcción represa.

López Perito recordó que en aquel entonces,  se  armó un debate inmenso sobre eso y se consiguió que el propio gobierno paraguayo “por sospecha de corrupción y falta de transparencia” suspendiera este proyecto.

En ese debate se discutió si Aña Cuá tenía o no que pasar por el Congreso, y todas las instancias políticas coincidieron que la construcción del Aña Cuá modificaba el tratado, por lo tanto tenía que pasar por el Congreso. A diferencia de aquella vez, “hoy no; hoy se impuso la tesis de que la EBY puede hacer lo que quiere, de que es nada más es una obra complementaria que no modifica el tratado”, remarcó.

Mencionó que inclusive la entonces Canciller Nacional, Leila Rachid, dijo que Aña Cuá no es indispensable para operar al máximo con la hidroeléctrica; que eran obras adicionales y se determinó que ambos Congresos (el paraguayo y el argentino) tenían que aprobar.

Recordó que este trabajo de denunciar las irregularidades del procedimiento lo hizo una ONG llamada Transparencia, a cargo de su directora señora Pilar Callizo, y esas denuncias realizadas en el 2006 consiguieron parar la licitación del Aña Cuá.

Considerando estos antecedentes, más otros expuestos a la plenaria, el Senador López Perito resaltó que el proyecto era el producto de unos consultores internacionales de Yacyretá y en aquel año la obra costaba 250 millones de dólares, pero hoy se habla de más de 600 millones; lo que  hace sospechar de que podría haber algún negociado detrás y que los precios estarían inflados.

“De ahí el entusiasmo de llevar adelante esta obra por fuera del control del Congreso”, refirió y añadió que existe una nueva interrogante de cuál es la relación que hay entre Pescarmona, Ángel Recalde (titular del a EBY) y otras personas que hoy se ven involucradas en este proyecto.

López Perito se refirió también a la publicación de un periódico digital que dice que la empresa Pescarmona estaba en quiebra y que el presidente Mauricio Macri a través de una orden al Banco Nación (uno de sus acreedores) salvó a la empresa y los puestos de trabajo.

El legislador no obvió el punto que hace referencia a que la empresa Pescarmona -por fuera de la tarifa de Yacyretá- arregla las turbinas que están todas dañadas y en mal funcionamiento porque no se hizo una de las obras fundamentales que está en el tratado, que es el embalse de compensación en Itá Corá- Itatí.

Negociado

El llamado a licitación que se hizo sin la aprobación del Congreso, viola el tratado de la EBY y se basa tan solo en una resolución del Consejo de Administración de la entidad y otra del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Argentina; ambas del año 2000. El contenido de la resolución señala que la energía de Aña Cuá no va a usar ni Argentina ni Paraguay y que la energía producida servirá para pagar a la empresa constructora o que haya realizado la maquinización.

No se debe olvidar que Aña Cuá se va construir en territorio paraguayo y que Paraguay no cobró un solo guaraní -hasta hoy- por territorio inundado, por qué porque la Argentina no quiso pagar  y porque retiró energía a menor costo de la EBY, sin que ello se incluya en la tarifa.

“Así que no solamente hay un brutal negociado acá, sino que hay una absoluta pérdida de la soberanía, donde se pisotean los derechos paraguayos que están establecidos en el tratado. Nos subordinamos a los mandatos un ministerio argentino que determina cómo se van a hacer las cosas; que notifica a EBISA y ANDE que son las propietarias de la EBY cómo van  tener que actuar,  por lo tanto la ANDE hoy se convirtió en un apéndice del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Argentina”, dijo.

Para el Senador, esta situación “es la mayor aberración jurídica, política y empresarial que hayamos visto en los últimos tiempos, y todo por un interés que une a personajes que estuvieron en este debate en el 2006 tratando de entregar la soberanía paraguaya y hoy repiten de la misma manera, pero hoy sí con el apoyo del gobierno paraguayo, lamentablemente”.