En una audiencia pública organizada por la Bancada Avanza País de la Honorable Cámara de Senadores, representantes de organizaciones sociales, campesinas y de diversas instituciones dependientes del Estado, dialogaron sobre el Anteproyecto de Ley “Que contemple la gratuidad de lotes de hasta 10 hectáreas para la Región Oriental y de hasta 50 para la Región Occidental”,  para campesinos sujetos de la reforma agraria y que se encuentren en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.

 

El senador Miguel López Perito tuvo a su cargo la presentación del documento en estudio y la propuesta legislativa basada en la modificación del artículo 59 del Estatuto Agrario, cuyo título es “transferencias a instituciones públicas”, con el agregado de “y beneficiarios de esta ley”.

 

La primera parte del artículo no sufre modificación alguna y dice que “El Organismo de Aplicación podrá otorgar a título gratuito los solares o lotes que fuesen necesarios para asiento de escuelas y centros públicos de capacitación, así como las fracciones de tierras requeridas para asiento de servicios públicos oficiales, e igualmente las fracciones comprendidas en la presente ley que se refieren a las reservas para constitución de áreas silvestres protegidas bajo dominio público y regularización de asentamientos indígenas”.

 

A propuesta de la Bancada Avanza País, este párrafo quedaría de la siguiente manera: “El Organismo de Aplicación podrá otorgar en propiedad y de forma gratuita a los beneficiarios de esta ley, como parte y componente esencial de un sistema de protección social, un lote de hasta diez hectáreas en la región oriental y hasta 50 hectáreas en la región occidental. En ningún caso los lotes transferidos en forma gratuita a los beneficiarios de esta ley, podrán ser transferidos, salvo las adjudicaciones a herederos forzosos provenientes de juicios sucesorios, ni podrán ser alquilados, hipotecados, embargados o ejecutados por deudas contraídas por los adjudicatarios”.

 

El legislador explicó que el agregado pretende que exista como parte y componente de un sistema de protección social una política de Estado que se mantiene en el tiempo y que requiere que cada engranaje -que son las diferentes instituciones del estado- pueda conectarse, coordinarse y trabajar para el beneficio de las familias en situación de pobreza, extrema pobreza, de vulnerabilidad, evitando empeorar la situación en que se encuentran esas personas y que logren darle a esa comunidad las condiciones de arraigo que manda la ley.

 

Este anteproyecto de Ley buscar dar al organismo de aplicación (que en este caso sería el Indert), la potestad de decir si una determinada comunidad no está en condiciones de pagar sus lotes, si necesita atención del Estado, identificar algún déficit y establecer si no se cumplió con lo que manda el estatuto agrario, para entonces otorgarle gratuitamente la tierra y que el Estado asuma el costo de la misma.

 

Si bien, no se tienen datos de cuántos potenciales beneficiarios podrían haber y la mejor forma de su implementación, López Perito explicó que no puede obviarse la situación de muchas comunidades donde no están dadas las condiciones para que sus habitantes tengan arraigo, puedan producir y reciban la asistencia básica como saneamiento y otros derechos genuinos.

 

El senador Adolfo Ferreiro, quien también estuvo presente en la audiencia pública, explicó que la creación de una nueva ley tiene un proceso y un tiempo que cumplir, aclarando que desde la Bancada Avanza País se pondrá todo el empeño en trabajar en su contenido, integrando a todos los actores necesarios.

 

TESTIMONIOS

 

Como parte del programa llevado adelante, se oyeron testimonios de labriegos de las comunidades 20 de Julio y Nueva Esperanza, del departamento de Cordillera, quienes expusieron sus realidades y –sobre todo- las penurias que viven a diario en la lucha por acceder a sus tierras propias.

 

En ese sentido, Nancy Valenzuela (20 de Julio) comentó que tras ocho años de lucha y cuatro desalojos masivos en la comunidad,  ahora tienen la posibilidad de adquirir sus tierras, pero el costo elevado no les permite. “El precio por hectárea que debemos pagar es más de 9 millones y eso es mucho para nosotros. Por eso acompañamos y apoyamos este proyecto de Ley con la esperanza de que nos salga más barato el lote”, dijo.

 

Por su parte, Ramón Villasanti (Nueva Esperanza), refirió que esta comunidad tiene la misma experiencia que muchas otras, ya que después de muchos años se compraron las tierras a un precio muy caro. “No podemos producir y estamos abandonados; encima debemos pagar un monto incalculable”, señaló el labriego.

 

Reclamó que hasta hoy día no exista ninguna ley que posibilite el arraigo de los campesinos y resaltó que este proyecto de gratuidad sería sumamente valioso para muchísima familias, por lo que comprometieron su apoyo y acompañamiento.

 

De este primer encuentro participaron representantes de  la Secretaría de Acción Social (SAS), Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones (MOPC), Banco de Fomento (BNF), Secretaría Técnica de Planificación (STP) y organizaciones campesinas provenientes de los departamentos de San Pedro, Concepción, Canindeyú, Cordillera, Nueva Mestre (Chaco) y otros.