“Seprelad encubre a los poderosos y condena a los débiles”, declaró el senador Miguel López Perito, al referirse a la inacción de la Secretaría de Prevención del lavado de dinero, que a la fecha no ha dado muestras de transparentar las acciones que dan indicios de lavado de dinero en nuestro país.

El legislador, en fecha 27 de diciembre de 2017, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso, un pedido de informe a la Seprelad, ya que manejaba datos sobre una probable cuenta bancaria en Paraguay desde la cual se financió al parlamentario brasileño Ciro Nogueira para que votara por la destitución de Dilma Roussef.

La nota firmada por el líder de la Bancada Avanza País, daba cuenta  que para ello habría sido utilizada una cuenta de Ricardo Saud, quien fungiera de secretario de Relaciones de la empresa JBS, esta última sindicada como la operadora para lograr los “favores” de parlamentarios. En base a estos datos solicitaba informes oficiales si la persona jurídica J&F Inversiones –con casa matriz en Brasil– tenía cuentas en el sistema bancario paraguayo. Si la respuesta era afirmativa, Seprelad debía informar qué personas físicas figuraban, los movimientos de la cuenta por origen de fondos, usos y destinatarios de los mismos y los números de cuentas.

Otro de los pedidos que incluía la nota era si después del año 2014 se abrieron cuentas en Paraguay, quiénes eran los representantes y los números de cuentas; si tenían el origen, el uso y destinatarios de los fondos. Si JBS tenía más de una cuenta, cuáles eran las otras y a nombre de quiénes estaban.

Para López Perito, es relevante esclarecer estas situaciones, más aún cuando afectan operaciones relacionadas a cuentas bancarias en Paraguay, ya que es sabido que las redes de la corrupción tienen una dimensión de amplio alcance y debemos esclarecer si nuestro sistema bancario es pasible de recibir corrientes de dinero de dudoso procedimiento.

La Comisión debía recibir una respuesta en un plazo máximo de 15 días, pero lo hizo recién el 8 de febrero de este año, cuando la Secretaría dependiente del Poder Ejecutivo, dijo que solo tiene información de personas físicas o jurídicas sospechosas de estar vinculadas al ámbito  de la aplicación de la Ley 1015/97. Con ello, queda claro que la institución que debía velar por la transparencia, así como expresa su “misión”: reducir el riesgo de exposición al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo del sector financiero y otros sectores de la economía nacional, solo encubre a los poderosos y persigue a los más débiles.